El Partido Popular pretende que se apruebe una PNL en favor de los conciertos educativos. En un país en el que estos ya forman parte sustancial del sistema educativo no solo no tiene sentido sino que constituye un peligro definitivo para la Escuela Pública.
En este Manifiesto del Foro de Sevilla, que apoyamos como Plataforma por la defensa de la Educación Infantil 06, se dan sobradamente razones que compartimos y que esperamos sean conocidas y defendidas por una Comunidad Educativa que ha de defender la Escuela Pública de, entre, con y para todos y todas.
Si estás de acuerdo apóyalo y difúndelo como nosotras.
EN
DEFENSA DE UNA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y NO DE LA
SEGREGACIÓN ESCOLAR
MANIFIESTO del ‘Foro de Sevilla’.
Adhesiones: Europa Laica, MCEP, Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6.
Adhesiones: Europa Laica, MCEP, Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6.
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa
de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el
futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible
al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el
negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de
las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas
vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la
educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP
infringiendo la legislación educativa.
Lo más
sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación
concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio
educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les
rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del
proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El
Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de
toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y
dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no
puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera
educación privada que se la pague.
En un
primer momento, se subvencionan centros privados a través de los conciertos
educativos como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente
demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom)
y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la
notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de
centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del
número de unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no
se puedan justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender
la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012).
Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos
públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar
opciones particulares privadas.
A pesar
de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas ha aumentado
año tras año, de la mano del PP y del PSOE. España se ha convertido, en este
sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere
a su red de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos
(conciertos escolares). Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros,
detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble
que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la
católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente
pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en
la UE-28, frente a un 67,3% de España).
La PNL
que ha presentado el PP argumenta que pretende “garantizar una oferta educativa
plural” exigiendo al gobierno que siga financiando los conciertos en aras de lo
que denominan “libertad de elección”. Pero la pretendida “libertad de elección
de centro escolar” realmente es preferencia de selección escolar. Algunas
familias muestran una cierta predilección por los centros concertados a la hora
de escolarizar a sus hijos e hijas, frente a la opción de los centros públicos,
aun cuando estos últimos presentan condiciones objetivas más favorables para la
educación de calidad (por ejemplo, contando con aulas menos masificadas o con
profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y
capacidad). Pero los datos no respaldan que esa demanda sea porque los centros
concertados ofrezcan una mayor calidad en la educación académica, o una mejor
formación en comportamientos sociales, ni siquiera porque el factor religioso
sea determinante en la elección de centro.
Lo que
sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres
en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula
pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus
hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados (Fernández y Muñiz, 2012; Rogero y Andrés, 2014; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014; Rogero y Andrés, 2016), donde las características
socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias parecen proporcionarles
más ventajas en las relaciones futuras. Lo cierto es que las investigaciones
demuestran reiteradamente que, como dice Gimeno Sacristán (1998),
detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se
esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los
que no son de la misma clase. El informe de la OCDE denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y
escuelas en desventaja”, indica claramente que “proporcionar plena
libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la
segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes
socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.
En
definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica
individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la
pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un
privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación
dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo razonable que las
familias que puedan accedan al centro educativo que deseen, no se puede
equiparar la preferencia de selección de colegio con un derecho fundamental.
Las preferencias particulares se las tienen que pagar cada uno, como antes se
hacía en España. Si la Educación es un bien público no puede mantenerse como un
negocio privado. El Estado debe velar por el bien común y no fomentar un
mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compiten para
conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara.
Es más,
el carácter de empresa privada de los centros concertados también sirve de
excusa para la selección/discriminación ideológica (“carácter propio” o
ideario, en su mayoría de carácter religioso confesional), por más que la
libertad de conciencia (y más de un alumnado en periodo de formación) es un
derecho universal a respetar en todo centro educativo que imparte enseñanza
reglada y oficial.
La
lucha por una educación pública para todos y todas está estrechamente ligada a
la lucha contra la pobreza, el racismo, la violencia, la guerra, la corrupción,
la desigualdad, la ausencia de respuestas al drama migratorio y otra serie de
injusticias que nos devuelven una imagen decepcionante de nuestro país. Una
realidad legislativa y de prácticas políticas, económicas y culturales que, en lo
referente a la regulación del derecho a la educación, no soportaría un juicio
moral, ni responde a las promesas de una democracia sustantiva. Promover y
afianzar la educación pública es una de las luchas con más sentido en nuestro
siglo, por ser una de las pocas esferas en la que es posible desarrollar
culturas formativas de pensamiento crítico, disidencia, alfabetización cívica y
de promoción de movimientos sociales capaces de luchar contra las fuerzas
antidemocráticas que nos van trasladando a tiempos oscuros y salvajemente
egoístas.
Estas
razones, entre otras, nos llevan a ser críticos con el encubrimiento de este
tipo de intereses particulares que defiende el PP en la PNL, tratando, además,
de amparar su defensa en la Constitución. Pero la Constitución no ampara los
conciertos. La Constitución establece que la educación es un derecho social que
los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la
planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos
y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La libertad de
enseñanza reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en
la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa
estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo
alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la
posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir
entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada
con fondos públicos. El texto constitucional establece que la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita, pero no prescribe que el Estado esté obligado a
garantizar esa gratuidad en colegios privados, por el simple hecho de que las familias
elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos. Si
el artículo 27 consiguió un claro consenso con respecto al derecho a la
educación, gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, ha generado
ambigüedad en la interpretación al plantear una disyuntiva entre el derecho a
la educación y la elección de centro que en una reforma constitucional tendría
que ser revisada.
Esto
estableció la posibilidad de construir dos redes financiadas con fondos
públicos, una privada y otra pública, y posteriormente a confundir el derecho a
crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para
elegirlos, como extensión del derecho de las familias a la elección de centro y
como consecuencia de las sucesivas modificaciones que se han hecho a la LODE
para facilitar que la planificación educativa incluyera a la vez centros
públicos y privados con financiación pública que han ido en contra de la
pluralidad y la equidad. El Estado no está obligado a otorgar gratuidad a la educación
en aquellos centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un
centro distinto del creado por los poderes públicos.
Así lo
dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de
julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la
educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el
derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los
recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las
preferencias individuales.”
Por lo
que los gobiernos de la Comunidad Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla La
Mancha, Extremadura o Asturias están actuando correctamente y en la dirección
educativa adecuada al ir suprimiendo progresivamente la financiación de los
centros privados concertados, supeditándolos a una planificación pública del
sistema educativo, eliminando las unidades concertadas no necesarias para
asegurar la escolarización, priorizando los centros públicos e implantando de
nuevo la zonificación escolar para que los niños y niñas puedan estar
escolarizados en su entorno social y vecinal.
De ahí,
que el Foro de Sevilla aplauda las iniciativas emprendidas por estas
comunidades autónomas que el PP denuncia y que inste a todos los grupos
políticos que no tengan una ideología claramente neoliberal y no consideren la
educación como un negocio o un mercado, que velen para que las administraciones
educativas garanticen una red planificada y suficiente de centros de
titularidad y gestión pública, que atienda toda la demanda educativa desde los
0 años en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los
recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho a la educación de
todos los niños y niñas sin segregación, como pretende mantener el PP.
Apoyamos
la propuesta consensuada por las Redes por una Nueva Política Educativa que
plantean en el Documento de bases para una nueva Ley
de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo como solución
establecer en todo posible acuerdo que se articule para una nueva ley de
educación, como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación
pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de
una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un
proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por
tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública
que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros
privados concertados.