Es toda una lección para países que, como España, se consideran "primer mundo" y que, sin embargo, no han sido capaces de dar una respuesta adecuada a las necesidades y derechos infantiles en la práctica, por encima de las declaraciones teóricas que cada vez abren más la brecha con las prácticas que llevan a cabo y/o que permiten.
En España hay Comunidades, y municipios, que tienen distribuidas las competencias sobre las Escuelas y Centros infantiles entre diferentes Ministerios, Consejerías y Concejalías, habiéndose producido una involución en los últimos tiempos que ha dado lugar a que, en muchos casos, hayan dejado de depender de Educación para hacerlo de otros ámbitos. Véase el ejemplo del municipio de Leganés en Madrid.
Pero es que además, en Uruguay, se va a dictar una normativa básica que sea común a todo el estado, vieja aspiración de esta "Plataforma por la defensa del 06", y que contemple, entre otros, una reducción de las ratios; por encima incluso de lo exigido por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea que, por ejemplo, plantea que en la edad de bebés, cuatro criaturas como máximo deben contar con al menos un adulto adecuadamente cualificado. En España tenemos justo el doble y así puede describirse la situación para el resto de edades que, en 3-6 está viendo cómo sus clases han aumentado hasta 26,27 y, en algunos casos, hasta 30 criaturas.
Pues bien, Uruguay plantea que sean 3/1 en bebés y que en la edad de tres años no pueda exceder de 15 niños y niñas para un adulto. :
se exige que “exista en el centro una proporción determinada de adultos en relación a la cantidad de niños que concurren al mismo. Se establece un adulto cada tres bebés y un adulto cada 15 niños de tres años, pero con otro adulto que oficie de apoyo al educador”.
Todo un ejemplo que haríamos bien en apoyar, reivindicar, y también exigir para nosotras
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