En la información que ofrecemos en el enlace (pincha aquí) se mezcla la bondad de "estudiar" desde los tres años, el avance en lectoescritura en primaria cuando esto ocurre y las pretendidas ventajas de las evaluaciones externas; todo apoyándose en investigaciones científicas separadas para que "juntas" den la impresión de avalar lo que aquí se hace y se pretende hacer.
¡Y la guinda! : todo ello para mejorar el PIB, no para responder a los derechos de la Infancia.
En otra información que se ofrece sobre el mismo tema, sin embargo, se describe más objetivamente sin establecer relaciones intencionadas y ofreciendo, al tiempo el caso de Finlandia como contradicción frente a este tema (pincha aquí)
Así pues observamos que muchos estudios y sus conclusiones son descaradamente manipulados en sus relaciones para apoyar aquello que interesa a la administración de turno o incluso a versiones pseudocientíficas de determinadas corrientes de pensamiento que así creen poder apoyar sus principios, con frecuencia alejados de los Derechos del Niño.
Concluimos: La lecotescritura obligatoria, temprana y con métodos obsoletos no podrá ser nunca un beneficio para la infancia. Mucho más si pretenden medir sus avances con pruebas externas a unas edades en que éstas no tienen significación alguna y sí, por el contrario, grandes perjuicios para las criaturas, que acabarán leyendo mecánicamente y sin gusto alguno por la lectura, y para l@s profesionales, que han de abandonar el resto de cosas importantes para ponerse al servicio de los ranking de centros y las pruebas que los constituyen.
Dudamos entonces que estas opciones puedan contribuir a aumentar el PIB del País.
Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Exigimos políticas de Primera Infancia, sociales y públicas, una etapa de educación infantil inclusiva, con identidad propia; reconocimiento de la ciudadanía de los niñ@s y que las administraciones y la sociedad civil garanticen estos derechos básicos
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