Es una buena noticia porque paraliza la legalización de una red de segunda clase destinada a gente que no puede pagar la primera clase, por lo que en la práctica se la considera, también a ella, gente de segunda en cuanto a derechos y en cuanto a equidad.
Según la información que ofrece el periódico "Menorca Local", la petición de Susana Mora, Secretaria General del PSOE de Menorca, para que se paralizase dicho decreto ha surtido efecto y el Govern se ha comprometido a dar lugar a la reflexión y el estudio sobre un problema en el que las opiniones del sector educativo y el debate social han de ser fundamentales. Sabemos que también Unidos Podemos de Baleares se ha manifestado expresamente contra este pretendido decreto.
Celebramos la noticia, pero queremos insistir en que tan solo es un respiro puesto que el problema de fondo persiste: la inexistencia de plazas públicas, suficientes y gratuitas, reguladas desde educación para estas edades.
Esto permite legalmente (al no haber norma que lo prohíba ya que la LOE-LOMCE no lo regula, autorizándolo en la práctica) la existencia de todo tipo de centros que no funcionan más que con una licencia de concurrencia municipal, la misma que se requiere para abrir cualquier tipo de tienda. Decimos regulada desde Administraciones Educativas porque no hay más posibilidad que educar (bien o mal) cuando las personas adultas están en contacto diario con estas edades, se encargan de acoger a estas criaturas y tienen una gran influencia consecuente en ellas. Es sencillamente una mentira que pueda haber centros asistenciales y centros educativos: Hay centros que educan conscientemente y otros que maleducan desde la inconsciencia de pensar que no no son educativos. Y siempre son más baratos estos últimos y siempre acuden a ellos las mismas clases sociales por lo que siempre se perjudican el mismo grupo de criaturas. Institucionalizar esta situación, al legalizarla, es una aberración que atenta contra los derechos de los niños y niñas más pequeños.
Esto está ocurriendo porque hay leyes estatales que lo autorizan y hay que resolverlo. ¿Cómo? Obligando, legalmente, a que todos los centros que acojan a criaturas de estas edades hayan de cumplir unos requisitos mínimos, comunes a todo el Estado.
Mientras esto no se haga seguirán surgiendo situaciones como la de Baleares., en la que se pretende legalizar una práctica que ya se hace, pero por la vía de la inequidad.
No es solo el Govern Balear el problema, el problema es la normativa que lo autoriza y que no se quiere enfrentar a nivel estatal.
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