Las pruebas de diagnóstico, conocidas con distintos nombres (LEA; CDI; etc.) según la Comunidad Autónoma o el nivel educativo al que van dirigidas, pretenden ser un instrumento de evaluación externa de los centros escolares y del nivel de desarrollo de las Competencias Básicas en nuestro sistema educativo. Sin embargo, los colectivos que proponen esta campaña, denuncian que este tipo de pruebas, lejos de servir de diagnóstico fiable de la situación real de nuestro sistema educativo, sus carencias y dificultades, se centran en medir, sin rigor científico ni estadístico, el desempeño del alumnado en una serie de destrezas y contenidos memorísticos. Por lo tanto no miden lo que pretenden medir, no mejoran la calidad de la educación y, además, se están utilizando para hacer a los centros competir entre ellos a través de la publicación de los resultados y la elaboración de rankings: esta publicación, según la Ley Orgánica de Educación en vigor (LOE) es ilegal: en su artículo 144.3 se dice “En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.” Sin embargo, y pese a la advertencia al respecto del Defensor del Pueblo en 2010, la Consejería de Educación de Madrid, por ejemplo, no sólo continua infringiendo la ley y publica estos datos sino que, además, refuerza este comportamiento irregular al recogerlo por escrito en el artículo 12 de su resolución del 10 de abril convocando la prueba LEA de 2º de primaria para el 5 de junio.
Con la campaña propuesta se pretende, por un lado pedir la rectificación de la Administración Educativa en esta materia y, por otro, concienciar a la población del ataque que suponen a la educación y de las verdaderas intenciones que ocultan las pruebas: quieren que la educación se parezca a las empresas y que los centros compitan para atraer al alumnado, publicando rankings que no ayudan en nada a mejorar el sistema educativo. Todo esto en la actual coyuntura que atraviesa un sistema educativo que está sufriendo brutales recortes, reducción de plantillas, disminución de ayudas y eliminación de becas, mientras se encarga a una agencia externa el diseño y análisis de resultados con un presupuesto de 155.279,57 €
Entre las acciones previstas, se va a llevar a cabo una recogida de firmas para pedir la rectificación de la administración ante la futura LOMCE, pidiendo la retirada de la propuesta de ley y, ante las pruebas realizadas este año, la no publicación de resultados ni la elaboración de rankings. También se ha elaborado una carta formal que todas las familias que lo deseen harán llegar a la administración educativa manifestando su rotundo desacuerdo con la realización de las pruebas, pese a ser obligados a realizarlas y se han convocado concentraciones frente a los centros escolares en los que se realice la prueba el 5 de Junio.
Entidades que apoyan esta campaña: FAPA Giner de los Ríos, Red IRES, Red de Centros por la Innovación Educativa en la Comunidad de Madrid, Ciudadan@s por la Educación Pública, Federación de Madrid de Movimientos de Renovación Pedagógica, MRP Acción Educativa, MRP Escuela Abierta, MRP Sierra Norte, Plataforma Sierra Norte en defensa de la Escuela Pública, Plataforma de Madrid por la Educación Infantil 0-6 años, Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, Grupo de Educación 15-M Sol, AMPA C.P.Torremocha del Jarama, AMPA IES Madrid Sur, AMPA IES Tirso de Molina, AMPA CEIP Santa María, AMPA CEIP Javier de Miguel de Madrid, AMPA IES Nicolás Copérnico de Parla, AMPA IES Palomeras-Vallecas, AMPA CEIP Guindalera, AMPA del CEIP Emilia Pardo Bazán, AMPA CEIP Trabenco de Leganés, AMPA CEIP Palomeras Bajas de Madrid, AMPA CEIP José de Echegaray, AMPA CEIP Miguel Hernández de Getafe, AMPA IES de La Cabrera, AMPA C.P Navalafuente y AMPA CEIP Pradolongo de Madrid.
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