Después de la decepción que ha representado la subcomisión de Educación, creada en el Congreso para alcanzar un posible pacto por la educación, una esperanza se abre con el cambio de Gobierno y la posibilidad de que las fuerzas políticas que también han apoyado el Documento de Bases por otra Ley Educativa abran el panorama educativo hacia nuevos horizontes.
En este contexto es como hemos entendido nuestra participación en defensa del derecho a una educación infantil de calidad para todas las criaturas en las Jornadas "Orgullosos de la Pública". que han organizado Unidos Podemos, En común Podem y Em Marea en el Congreso de los diputados el pasado viernes 15.
Fue reconfortante compartir la mesa, en representación de la Plataforma Estatal de Educación Infantil 06, con organizaciones que también forman parte de "Redes por otra política educativa"; espacio en el que hemos sido capaces de consensuar ese derecho a una educación pública, universal, inclusiva, laica, ecologista, feminista, científica, gratuita y de calidad desde el nacimiento.
Igualmente fue un placer escuchar desde por la mañana a brillantes ponentes y representantes políticos que, desde diferentes puntos del país, y también de Portugal, mostraron que sí es posible realizar una escuela diferente, al servicio del interés superior de sus auténticos protagonistas, el alumnado, pero contando con el hacer común de toda la comunidad educativa, profesionales y familias que, además, han de ser apoyados por una administración comprometida que priorice la educación como un elemento fundamental en la construcción de un país.
Seguimos caminando
Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Exigimos políticas de Primera Infancia, sociales y públicas, una etapa de educación infantil inclusiva, con identidad propia; reconocimiento de la ciudadanía de los niñ@s y que las administraciones y la sociedad civil garanticen estos derechos básicos
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