jueves, 20 de noviembre de 2014

El 20 de noviembre 1989 se firmó la Convención de los Derechos del Niño en la ONU

Pero 25 años después los derechos de los niños y niñas siguen siendo ignorados por países firmantes de la Convención.
España ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989. Se publicó en el BOE  (pinchar aquí) la ratificación y la Convención en un único texto.
En la Convención se afirmaba que:

  •  Un niño o una niña lo es desde el momento en que nace hasta su mayoría de edad, límite superior que depende de las leyes específicas de cada país.
  • Todos los derechos son vinculantes  para cada Estado que ha firmado la Convención: todos menos Somalia y Estados Unidos.
  • Todos los derechos lo son para todos y cada uno de los niños y niñas que están bajo la jurisdicción de un Estado. Explicita el derecho a la identidad, a tener una familia y que ésta pueda ejercer como tal en consonancia con esos derechos, a la salud, a la protección de cualquier agente agresivo  o ninguneante, al desarrollo de sus potencialidades, a la educación y al juego o a la libertad de expresión,entre otros. 
  • Cualquier texto legislativo o administrativo que afecte, de modo directo o indirecto, a los niños y niñas, ha de contemplar en su redacción el interés superior de éstos al redactarlos y aplicarlos  y no conculcar los derechos expresados.
En 2014 muchos de esos derechos se ven sistemáticamente conculcados sin que los informes que periódicamente han de enviar los Estados muestren estrategias reales y voluntades políticas que permitan erradicar este incumplimiento.
España es uno de ellos, con una tasa de pobreza infantil que se sitúa ya en un 29'9 % y que se eleva a un 33'8 si se incluyen los datos de los que están en riesgo límite de entrar en ese umbral macabro. Como  solución España sigue imponiendo una política administrativa que, lejos de paliar esta vergüenza contribuye a aumentarla al recortar en sanidad, prestaciones sociales o educación. Pero también contribuye a aumentarla al mantener los privilegios de quienes pueden, por ejemplo quitarle la casa a una familia, sin que los criterios de supuesta justicia que se aplican para legalizar este acto se hagan extensivos a quienes toman estas decisiones y nos están hundiendo a la mayoría con la connivencia de la minoría.
Desde la Plataforma por la defensa del 06 hemos tenido que ampliar el campo al mirar el horizonte, no sólo educativo, que sufre actualmente nuestra infancia, muy especialmente la primera infancia que, por desgracia, ve cómo se acentúan muchos de sus parámetros de riesgo de pobreza (familias jóvenes con más inestabilidad laboral y más cargas).
En este contexto la función de la etapa de Educación Infantil de 0 a 6 años es más necesaria que nunca. Una educación infantil pública, que debiera ser gratuita, universal, inclusiva y tener la calidad y calidez requeridas para favorecer el desarrollo de las enormes potencialidades de las criaturas. Pero también constituye un elemento de equidad complementario a la labor de las familias y, cada vez con más frecuencia debido a las difíciles circunstancias por las que atravesamos, compensador de sus carencias.
La convención de los Derechos del Niños creó un Comité formado por 10 expertos, que son propuestos y elegidos por los estados firmantes, para preservar y difundir esos derechos infantiles. A él pueden llegar las denuncias de cualquier persona u organización. Quizás es el momento de que quienes sentimos tanto mal trato a la infancia nos planteemos la posibilidad de acudir a él para denunciar la situación por la que está pasando la edad de cero a seis años en España.