sábado, 19 de abril de 2008

“Una mirada al ciclo 0-3 años”

Este artículo elaborado por personas de la Plataforma en Octubre de 2007, es una pequeña descripción de lo que en ese momento sucedía en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado. La realidad actual de la Educación Infantil que ha saltado ahora masivamente a los medios, no es más que una consecuencia, aunque gravísima, de la falta de regulación de unos mínimos que unifiquen a la Etapa 0-6 y la protejan en todo el Estado Español. El Gobierno de la nación tiene la obligación moral y política de establecerlos.
Cuando se publicó la LOE, personas de esta Plataforma ya denunciaron, ante la pasividad de algunos sectores relacionados con la Educación, las gravísimas consecuencias que la LOE tendría para la Educación Infantil.
La valoración que de esta situación se puede realizar, hay pues que situarla en ese marco legal general, que está propiciando situaciones anómalas e irregulares a las que se ven abocados los niños y niñas de 0-3 años, sus familias y sus profesionales.
Seguimos llamando a la unidad de acción y lamentamos la dispersión de acciones unilaterales que dificultan el éxito de nuestras peticiones.

No está todo lo que sucede, pero lo que se describe es real y veraz. La valoración que de esta situación se pueda realizar, hay que situarla en el marco legal que está propiciando situaciones anómalas e irregulares, a las que se ven abocados los niños y niñas de cero a tres años, sus familias y los profesionales.

La extensión de la oferta y los criterios de calidad son imprescindibles para responder a las necesidades del primer ciclo de Educación Infantil, como en cualquier otro nivel o etapa del sistema educativo. Desde hace tiempo está disperso y abandonado. Quienes venimos denunciando esta situación, queremos pedir reflexión y cordura a nuestros gobernantes para que corrijan el descalabro que sufre este ciclo y que ellos mismos han propiciado.
La situación es más grave de lo que parece y es preciso saber lo que pasa realmente y lo que puede pasar al amparo de la legislación en vigor.
1º) La oferta de plazas públicas existentes no se acerca para cubrir la cantidad de demanda en el 0-3 y las Comunidades Autónomas no tienen voluntad política de mantener, extender y mejorar la calidad de la red educativa pública en este ciclo de edad.
La Red Privada, que crece al amparo de esa carencia, ve favorecida la impunidad en que se encuentra porque, por las constantes prórrogas, nunca acaban de serle exigidos los requisitos mínimos de sus centros. Así, salvo algunos casos de calidad contrastada que merecen ser llamados Escuelas Infantiles, existe una enorme cantidad de locales concebidos exclusivamente para el lucro de quienes los regentan. Además, la política de “Cheques escolares”, ha venido a dar apoyo institucional a esas actividades privadas; dinero público que se está utilizando para mantener centros privados sin garantías, en lugar de crear más plazas públicas que son las que en primer lugar demandan las familias de modo masivo, por su calidad contrastada. Esta medida administrativa enmascara una opción económica encaminada a abaratar los costes que suponen las Escuelas públicas de calidad, amén de una opción privatizadora y de privatización que se camufla bajo la apariencia de “libertad en la elección de centro”.
Las redes atencionales: Existen en numerosas Comunidades subvencionadas con dinero público al amparo de su consideración como “situaciones especiales” y sin cumplir los requisitos mínimos generales. Un ejemplo los constituye el programa “Crecemos” para el medio rural de Castilla y León, que, en aulas de colegios públicos, acoge a grupos mixtos de 0 a 3 años de 15 niños y niñas, obligando, entre otros, a tener a los bebés y a sus cunas en el mismo espacio por el que deambula el resto, sin separación, sin zona para preparar alimentos, con un microondas para calentar lo que traen de casa, sin agua caliente, sin cambiadores y sin inodoros habilitados. La oferta del programa “Minutos Pequeños”, incluye utilizar espacios de polideportivos, aulas de casas de cultura y juventud o aulas de colegios públicos para dejar a las criaturas por horas, como si de coches se tratasen. Hay ejemplos de privatización absoluta que cuentan con el beneplácito administrativo como el caso de las “Mamás canguro” del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) o las “Casas amigas” de Navarra, ambas entendidas como respuesta atencional, que no educativa, a la demanda, sin ningún tratamiento pedagógico y sin titulación.
La implantación de esta doble red es un hecho que ha sido ratificado en los Decretos autonómicos de Navarra y Cataluña, uno de los motivos centrales por el que el primero ha sido recurrido por la Plataforma Navarra por el 0-3. En ellos se da la posibilidad a los centros privados para decidir si quieren o no ser reconocidos como educativos, en cuyo caso sí han de cumplir los requisitos mínimos, disponiendo de un plazo para adaptarse. El resto, negocios privados sin interés educativo, podrán funcionar sin cumplir más requisitos que los exigidos por Sanidad. Todo un chollo para empresarios que sólo montan un negocio, que accidentalmente tiene que ver con niños y niñas de 0-3, como fuente de ingresos.
En el mejor de los casos, cuando se extiende la oferta pública con nuevas Escuelas, la opción exclusiva o casi exclusiva está siendo la gestión indirecta de los nuevos centros, lo que va en contra del sentido de la Administración Educativa: dar en régimen directo el Servicio Público de la Educación. Esta opción, potenciada también por la LOE, tiene que ver con el interés económico suscitado por el menor coste de la gestión indirecta para las arcas públicas. Las plicas de los concursos tienen cada vez menos interés por el carácter educativo de los centros y someten cada vez más a los participantes a condiciones que acabarán por hacer inviable un planteamiento pedagógico digno; mantenido hasta ahora sólo por la reducción de salarios de sus profesionales, cada vez más distanciados de los se perciben en la gestión directa. En estas condiciones impuestas por las Administraciones las empresas de ocio y tiempo libre y las de servicios generales están avanzando camino ya que no tienen ningún reparo en aceptar convenios con presupuesto insuficiente: ofrecer sueldos cada vez más bajos a profesionales que tienen cada vez más necesidad y menos preparación y reducir los gastos pedagógicos se convierte en la solución. La no cobertura de las necesidades educativas de estas edades es el pago.
El Art. 15.4 de la LOE cierra el círculo de la sinrazón al permitir, a centros concertados, impartir tramos del 1º ciclo de Educación Infantil. Este planteamiento permite el chantaje a las familias que supone garantizarles la plaza concertada en el nivel siguiente. En Cataluña, Cantabria, País Vasco o Navarra este proceso está ya muy avanzado Además de permitir que la infancia de estas edades esté en centros inadecuados, dará lugar, en la práctica, a la carencia masiva de plazas de 0-1 año, que son las más caras y a la ruptura final del ciclo 0-3.
2º) La sucesión de leyes educativas de los últimos años, no ha contribuido a mejorar la estructura legal del ciclo 0-3. La LOGSE creó la etapa única de Educación Infantil y reguló el primer ciclo. La LOCE supuso la regresión al carácter asistencial y no educativo de la etapa franquista y, actualmente, la LOE actúa bloqueando las legítimas aspiraciones del ciclo. Como consecuencia se mantienen las enormes desigualdades que inspiran y han inspirado la regulación de estas edades en la propia Red pública.
El ciclo 0-3 depende, según Comunidades Autónomas, de Consejerías tan diferentes como Bienestar Social, Igualdad y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Política social, Mujer e inmigración Sanidad o en el mejor de los casos, las menos, de Educación. En muchas de ellas, el 0-3 ha sufrido un trasiego espectacular en estos últimos años.
La diversidad de situaciones en la que se encuentran sus profesionales resulta escandalosa, tanto por las titulaciones exigidas (desde Magisterio o Técnicos Superiores hasta Auxiliares de puericultura o habilitaciones sin más) como por las condiciones laborales (desde disponer de horario para planificar la acción educativa hasta no tenerlo siquiera para elevar demandas y recibir el asesoramiento de los equipos de atención temprana, incluso teniendo niños y niñas de necesidades educativas especiales)y los sueldos que se pagan por trabajos semejantes (desde lo estipulado para el Magisterio hasta 400 euros para apoyos con 8 horas de trabajo).
A esta situación de agravio comparativo, inestabilidad y desesperanza profesional se añade el “salpimentado” que ha introducido el artículo 92.1 de la LOE que impide a los profesionales, sin diplomatura en Magisterio, la posibilidad de realizar “la propuesta pedagógica” (planificación) que, realizada y supervisada por quien la tenga, han de llevar a la práctica. ¿Por qué a este “otro personal”, título con que se le cita en el artículo 92 de la LOE, se les considera capacitados para “atender” a los niños y niñas al tiempo que no se le permite ejercer las funciones reconocidas para el resto (artículo 91, de la LOE)? No deja de ser irónico.

Las ratios o relaciones adulto-niño oscilan también en las distintas Comunidades. A partir del sustrato común heredado del Real Decreto 1004/1991 (8 bebés de 0-1 año, 13 niños de 1-2 años y 20 niños de 2-3 años), se produce todo un continuo de oscilaciones, incluyendo la consideración de “centros incompletos” para los que la mayoría de las Comunidades alteran las ratios de modo escandaloso.
Asimismo, los espacios exteriores e interiores, tienen una alta variabilidad. Si bien hay una media declarada para las aulas de 2 metros cuadrados por niño, la oscilación de todas las Comunidades, en los mismos “centros incompletos” es enorme. Un ejemplo anecdótico, si no fuera por lo triste, lo constituye el patio de recreo, que queda totalmente suprimido en casos poco definidos, y por tanto extensos, en los que pueden usarse como tal, espacios exteriores al centro, eso sí, con tal de que los niños y niñas no tengan que tomar transporte público. ¡Estamos hablando de niños y niñas de 0-3 años! (Madrid, Ceuta y Melilla, …). La ausencia de limitaciones a estas “tropelías” en la mayoría de Autonomías permite instalar escuelas públicas en semisótanos (Madrid).
3º) Habría que hablar, aunque este apartado debería desarrollarse en otro artículo, de la enorme diversidad que contempla el currículo establecido para estas edades que no hace más que traducir con frecuencia el enorme desconocimiento de los niños y niñas de 0-3 por parte de quienes lo han elaborado, así como su empeño por separar definitivamente el 1º. y el 2º ciclo de la Etapa (0-3 y 3-6 años).
A modo de conclusión: En esta insoportable situación para los niños y niñas españoles de 0 a 3 años, el Artículo 14.7 de la LOE, al derivar a las Comunidades Autónomas la regulación absoluta de este tramo de edad, consagra las desigualdades y atenta contra los derechos de la Infancia y ello contra lo establecido en el Artículo 14 de la LODE en vigor. Así se ha creado un agravio comparativo con el resto de niveles y etapas del Sistema Educativo que evidencia la dejación política y la discriminación a la que se les somete, a sus familias y a los profesionales. ¿De qué sirve la declaración de intenciones del carácter educativo de este ciclo, si luego se permite y cimenta su exclusión más vergonzosa?
“La Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6” quiere informar y sensibilizar sobre la gravedad de estas denuncias a la opinión pública y a la sociedad. Entendemos que el necesario aumento de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil ha de darse junto a la calidad educativa necesaria para los niños y niñas y ha de enmarcarse en las características de la Etapa de la que forma parte. Los cien millones comprometidos entre PSOE e Izquierda Unida no deben ser gestionados más que desde el Ministerio de Educación y enmarcados en una regulación estatal, via Real Decreto como el segundo ciclo, que la salvaguarde mediante la fijación de sus requisitos mínimos, tanto referidos a los centros (espacios, ratios y profesionales) como al Currículum. Un Manifiesto, con apoyo en 10 Comunidades avala nuestras peticiones y nos justifica para exigir a nuestros gobernantes estatales que asuman su responsabilidad.
Pepa Alcrudo y Alicia Alonso
(Portavoces de la “Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6”)


PUBLICADO EN LA REVISTA “In-fan-cia” (educar de 0 a 6 años) número 107- Enero/Febrero 2008

2 comentarios:

José Luis dijo...

Seguramente si quién hubiera publicado la LOE hubiese sido el PP la contestación habría sido mucho mayor.

Vale, que es menos mala que la LOCE, pero eso tampoco sirve de excusa. Desde algunos sectores de la Educación Infantil la pasividad fue total y absoluta, de esos polvos vienen ahora estos lodos.

Pepa dijo...

Tienes razón, aunque creo que en estricta cronología, el planteamiento de que si hubiera sido el PP quien hubiera publicado la LOE, la contestación habría sido mayor, no es viable. La LOCE fue una ley que subvirtió los principios y valores educativos que siempre hemos defendido los profesionales de la educación infantil. Pero la LOE, en la que depositamos tantas esperanzas, ha sido una ley frustrante, porque no ha querido plantar cara al verdadero problema de la primera etapa de educación infantil: parar los pies a la voracidad de la empresa privada que ha visto y ve una buena vía de negocio, a costa de los más pequeños. Es uno de los yacimientos de empleo más rentables que existen actualmente.