Multitud de centros de 0-3 años no cumplen los requisitos mínimos en las CCAA

Nos alegramos de que se empiece a denunciar, ante la Justicia y ante los Defensores del Menor esta realidad que no sólo ocurre en Aragón, una de las comunidades en que se ha denunciado (para saber más pincha aquí), sino en todo el territorio español; es la de los centros que acogen a niños y niñas de 0-3 años y que, por no incluir el término "educación" en su oferta y en la licencia y de apertura no tienen que cumplir los requisitos exigidos, ni presentar propuesta pedagógica alguna, ni temer ser inspeccionados por las Administraciones educativas.

Este extremo, que autoriza la LOE y todos los desarrollos legislativos de las distintas CCAA nos parece indigno para la primera infancia. ¿Qué centro que quiere convertir su actividad en un negocio lucrativo no aprovecharía esta oportunidad legal? Por otro lado ¿Qué familia que necesitando llevar a sus criaturas a un centro, sin recursos económicos para pagar las tasas de Escuelas en las distintas CCAA, no va a acceder a estos centros? Serán siempre las mismas. Peores servicios para quienes menos tienen.

Esta es una de las reivindicaciones que hemos recurrido en los Decretos de Madrid y que nos ha llevado a plantear una cuestión de inconstitucionalidad en la propia LOE, el que hemos perdido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que hemos recurrido ante el Tribunal Supremo: todos los centros que acojan a niños y niñas de estas edades han de cumplir unos requisitos mínimos establecidos para todo el estado y han de realizar una propuesta pedagógica de mínimos, deben ser, además, inspeccionados y dependientes de las autoridades educativas.

Por otro lado tenemos, que, al amparo de las ampliaciones sucesivas de plazos para cumplir dichos requisitos entre quienes sí solicitan ser educativos en las distintas CCAA, muchos centros van sorteando año tras año el obstáculo de su adecuación a la normativa y vienen perviviendo en condiciones inadecuadas desde antes de la LOGSE, siendo la propia legislación la que les autoriza a ello.

De este modo consiguen beneficios como becas, cheques escolares y otras ayudas públicas, al tiempo que ni siquiera cumplen con los diferentes mínimos establecidos.

El último ejemplo lo tenemos en el Decreto 104/2011, de 6 de mayo, del Gobierno de Canarias que ha ampliado allí los plazos de nuevo dos años más sobre el límite que se estableció en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, que estableció los contenidos educativos y requisitos mínimos del primer ciclo. (Para saber más pincha aquí)

¿Cuándo se va a dejar de mantener esta doble moral respecto a la primera infancia y actuar con el respeto y el cuidado que merece la primera infancia?, el mismo que las Administraciones proclaman y que sin embargo no tienen.

ESTO ES LO QUE VA EN EL DESPLEGABLE