NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA, LAICA Y DEMOCRÁTICA
El proceso de implantación del Estado Social en España ha sido lento y plagado de deficiencias. La educación pública, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca llegó a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se lograron importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.
Esta línea de conquistas viene siendo duramente atacada desde hace tiempo en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y mas mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, propiciando que gran parte de los nuevos centros educativos sean para la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y mas ahora que, con el pretexto del estallido de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Desde el año 2009 las administraciones educativas han reducido su presupuesto en 4.500 millones, cifra a la que se suma el recorte de un 22% en los PGE de este año, junto al saqueo adicional de 3.000 millones que el gobierno pretende imponer a las CCAA. A consecuencia de ello, sólo en el curso 2011-2012 se han perdido 11.000 plazas de profesorado y los sindicatos alertan de 100.000 nuevos despidos para el próximo curso, si se aplican los recortes anunciados.
Tales recortes, para 2012, suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la desaparición de la formación permanente del profesorado, una reducción drástica de becas, por no hablar del bárbaro recorte en Educación Superior y en I+D+i, mientras aplican una brutal subida de tasas universitarias -hasta un 60 por ciento-, así como reducen la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP, Escuelas de Idiomas... mediante un recorte del 66% en transferencias a las CCAA. Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA donde gobierna el PP en años precedentes, reduciendo plantillas, gastos de funcionamiento de centros, salarios, tutorías, desdobles y apoyos, materias optativas, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, comedores y actividades complementarias; a la vez que aumentaban ratios de alumnado, jornada laboral y horarios lectivos del profesorado.
A esto hay que añadir la asfixia económica de la Universidad pública española, que ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010 (algo más del 5%), en un contexto de incremento sustancial del alumnado: unos 200.000 universitarios más, y 320.000 nuevos estudiantes en colegios e institutos públicos en los dos últimos años. Y todo ello mientras se han extendido los conciertos educativos, incluso en etapas no obligatorias, y subvencionado a familias que optan por centros privados de élite.
Las últimas medidas anunciadas apuntan en la misma dirección: degradar la educación pública precarizando la función docente (mas horario lectivo, menos complementos retributivos, sustitución de bajas a partir del décimo día) y masificando las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), lo que resulta especialmente grave para la calidad educativa, sobre todo para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus necesidades. Con estas medidas, no sólo el incremento del fracaso escolar está asegurado, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el ámbito rural), para optimizar el aumento de ratios y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Sólo desde el más absoluto cinismo de quienes llevan a sus hijos e hijas a centros privados se pueden negar los efectos negativos de estas medidas en la educación pública.
Por todo ello, hacemos un llamamiento urgente a todos los sectores de la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, para poner en marcha un amplio proceso de movilización permanente, en la calle y en los centros, contra las políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela decimonónica y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos o con mayores dificultades de aprendizaje.
Atacar la educación pública es atacar la convivencia y la cohesión social en nuestro país, un ataque a la mayoría social y a las clases trabajadoras que son las principales beneficiarias de su existencia. Por eso, ahora más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de lo público como garante de nuestros derechos sociales, que están siendo acelerada y sistemáticamente atacados. Y de manera especial, en defensa del modelo de educación pública por el que apostamos y al que no estamos dispuestos a renunciar.
Defendemos una educación pública gratuita y laica, inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad; una educación pública de y para todas y todos, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que asegura la igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas de distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social.
Exigimos una educación pública desde los 0 años, de titularidad y gestión pública, que permita atender las necesidades educativas del conjunto de la población, y con la calidad suficiente para asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado. Que reduzca y no incremente el número de estudiantes por grupo y por profesor; que potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios de orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria; que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los libros o materiales didácticos y de los comedores escolares; que establezca comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los centros. Pero también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando por sacar las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa de todos los centros financiados con fondos públicos.
Defendemos una educación que apoye y motive al profesorado, no que le desacredite, acordando un Estatuto de la función pública docente que mejore sus condiciones laborales, que recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo, configurando claustros estables y estableciendo un cuerpo único del profesorado. Defendemos una formación inicial que combine teoría con práctica en los centros educativos, tutorizada por profesorado cualificado durante todo el proceso, y una formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo y de negociación para resolver conflictos.
Todo esto es imposible con los brutales recortes educativos a nivel estatal y autonómico que se vienen imponiendo. Exigimos que nuestros impuestos no se destinen a rescatar bancos ni a comprar armamento o a financiar la iglesia católica, sino que se dediquen en la cuantía necesaria a financiar los servicios públicos fundamentales, y muy en concreto la Educación Pública, mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo que garantice la suficiencia de recursos, hasta alcanzar el 7% de PIB en gasto público en educación, para hacer realidad la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.
Madrid, 21 de abril de 2012
*MANIFIESTO FINAL APROBADO EN LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN “LA EDUCACIÓN PÚBLICA, NUESTRO COMPROMISO” ORGANIZADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA IZQUIERDA PLURAL Y EL ÁREA FEDERAL DE EDUCACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA EL 20-21 DE ABRIL DE 2012.
