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Consideramos que las consecuencias de esta decisión van a ser muy perjudiciales para el mantenimiento de una escuela de titularidad pública que haga efectivo el derecho a la educación de todos. También en ella se introduce de forma explícita la selección del alumnado.
Las víctimas serán, como siempre, los más débiles. Abre mucho más todavía la posibilidad de segregación de centros y de alumnos y se acentúa mucho más la consolidación de centros de “élite” y de centros-gueto en determinados territorios.
Muchas familias no podrán elegir. Se tendrán que conformar con el centro más próximo a sus domicilios ya que no podrán desplazarse a centros más lejanos, que consideren mejores, donde irán los que tengan más recursos para ello.
Los centros concertados ya podían seleccionar al alumnado de sus centros. Ahora lo pueden hacer con mayor libertad sin ninguna traba.
Entendemos que es un paso más en el proceso, iniciado hace mucho tiempo, de aniquilación de la escuela pública como el espacio de acogida, de garantía de libertad basada en la igualdad de derechos y de respuesta positiva al derecho de todos a la educación.
Este modelo de escolarización favorece que los que pueden ir a otros centros, sobre todo privados pagados con dinero de todos, puedan alejarse de los que, según lo entiendan, puedan poner en peligro su individual éxito educativo. De esta manera queda en el olvido un fundamento básico para la educación que no es otro sino el de procurar el progreso de todos y no el de unos pocos. Se trata de que los que no pueden elegir se queden en los “centros de peor calidad”. Introduce más elementos de competencia entre los centros públicos. Renuncia a mejorar los centros que, en entornos sociales difíciles, tengan más dificultades en la obtención de resultados de éxito para todos.
Consolida el desarraigo de su entorno de muchos niños que, al tener que desplazarse a otros territorios, no establecen relaciones sociales convivenciales en su medio.
Por todo ello consideramos que es necesario el desarrollo de centros públicos de la máxima calidad en todos los ámbitos y para todo el alumnado que garanticen el derecho a la educación. Así será mucho más evidente la maldad de normativas como ésta qué para nada tienen en cuenta cuestiones tan básicas como las que inundan la cabeza y el corazón de los que quieren la mejor educación para todos:
¿Volveremos al transporte escolar? ¿Crecerán los chavales de nuevo fuera de sus barrios? ¿Pueden los abuelos, que realmente se hacen cargo, llevar a sus nietos al colegio que "les quede libre" esté donde esté? ¿Quién va a asumir, además, la decisión de elegir y seleccionar al alumnado? ¿Nosotros mismos? ¿Con esos criterios? ¿Por el aspecto, el color del pelo, el olor? ¿A dónde quieren que lleguemos?
Denunciamos que estas decisiones en torno a la escolarización llevan aparejadas el abandono de la escuela pública de todos y para todos y privilegia a los que más tienen y más pueden.
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