En Aragón, la implementación de las aulas de dos años en los colegios públicos se ha hecho con la misma falta de previsión que en el resto. Así podemos comprobarlo en el artículo que el "Heraldo" de Aragón titula "Disputa laboral por las aulas de 2 años en los colegios", y que subtitula: Las técnicas de Infantil de las guarderías de la DGA y las de apoyo en los colegios optan a las nuevas plazas.
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El debate ahora, ya no es si a los niños y niñas les conviene estar en unos espacios que no están preparados para ellos y ellas (muchos colegios no tienen agua corriente en el aula), no es la jerarquización que les transmitimos cuando una persona se ocupa de sus funciones físicas corporales (Técnica en Educación Infantil) mientras que otra se ocupa de su cabeza (maestra), el debate no es que se esté destruyendo lo que representa el primer ciclo de infantil, el debate no es que se haya externalizado, ya en el segundo ciclo de infantil, la tarea de cambiar a los niños y niñas cuando lo necesitan porque los centros no reúnen condiciones suficientes y las maestras y maestros se negaban a hacerlo. El debate no es reivindicar la educación integral y exigir condiciones, cuando no las hay, a la administración para poder llevarla a cabo.
El debate es cómo se reparten los puestos de trabajo que representa esa opción de las aulas de dos años entre las trabajadoras de las "guarderías" (así lo llama el artículo) de la Diputación General de Aragón y las empresas privadas que ofrece a los colegios auxiliares (Técnicas igualmente, pero mucho peor pagadas) en infantil y controlan el sector.
Pues nada, a reflexionar sobre si el debate es el adecuado.
Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Exigimos políticas de Primera Infancia, sociales y públicas, una etapa de educación infantil inclusiva, con identidad propia; reconocimiento de la ciudadanía de los niñ@s y que las administraciones y la sociedad civil garanticen estos derechos básicos
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