Lo que la Plataforma Estatal de
Educación Infantil 06 pide al Ministerio en la nueva Ley de educación y perspectiva de futuro
La reunión mantenida el día 12 de febrero con el
secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, con la directora general de
evaluación y cooperación territorial Consuelo Velaz, y con Vicente Riviére y
Juan López Martínez, director del gabinete del secretario y asesor del mismo respectivamente,
fue muy positiva. Por parte de esta Plataforma Estatal de Educación Infantil
06, estuvimos presentes 15 representantes de siete de las nueve comunidades que la
componen hasta el momento (Andalucía-Granada, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y Valencia).
Agradecimos la incorporación de los logros obtenidos en
el período de alegaciones a la Propuesta de Nueva Ley de Educación al final de
la legislatura pasada, peticiones históricas de esta Plataforma relativas a:
·
Que
la filosofía de partida sea la del interés superior del menor, definida
en la Convención de los Derechos del Niño y sus desarrollos, firmados por
España (Prólogo y articulado).
·
Que
los centros que acojan a niños y niñas de estas edades hayan de ser autorizados
por administraciones educativas como Centros de Educación Infantil (Art. 12.2).
Supone la dependencia total de administraciones educativas y la desaparición de
la falsa dicotomía que ha producido una doble red educativa/asistencial, con
diferentes precios y, con ello, de perfil de usuarios, no por elección sino por
exclusión.
·
Que
los requisitos mínimos (titulaciones, espacios ratios y número de puestos
escolares) comunes a todo el Estado para primer ciclo serán fijados de nuevo
por el gobierno, como para el segundo, ahora en colaboración con las
comunidades autónomas (Art. 14.7) y teniendo en cuenta la identidad propia de
la etapa (Art. 12.1) para definir los contenidos educativos.
·
El
énfasis en que los currículos de estas edades han de respetar y partir de la
posibilidad de desarrollar todos sus lenguajes, desde una cultura de la
infancia (Art. 14.5) descrita por las Observación General nº 7 de 2005, del
Comité de derechos del Niño.
·
En
tanto se llega a la gratuidad y Universalización del primer ciclo, el
establecimiento de compromisos de cooperación con las autonomías que garanticen
la extensión de la oferta de plazas públicas para el primer ciclo, con énfasis
en los lugares, y territorios completos que más lo precisan (Art. 9.3 y Art.
12.5).
La conversación se centró con posterioridad en la
exposición de puntos que creemos es imprescindible modificar para que lo
anterior tenga el recorrido que precisa para poder desarrollarse integralmente
en relación con:
·
Cambiar
el Art. 12.5, referido a la exigencia de que “todos los centros que impartan
educación infantil” han de hacer propuesta pedagógica, por la alternativa: “todos
los centros de educación infantil”… , sin hacer mención a los que “imparten”,
para no dejar, como en la actualidad, la posible opción jurídica a que haya
centros que no lo decidan por resultar menos exigente, amparados por el derecho
común (que tiene como única exigencia la de una licencia de concurrencia
municipal para su apertura).
·
Asegurar
que no haya intrusismo profesional, en tanto llegamos a una única formación y titulación
reformulada para toda la etapa, como se pide para el resto de etapas. El actual Art. 92.1, lo dificulta al diferenciar
entre las titulaciones precisas para la atención educativa directa (Magisterio
y Grado superior de formación profesional, ambas con especialidad de infantil) y atención a niños y niñas de estas edades para lo que solo se
precisa una debida titulación. Toda atención en esta edad es educativa,
no solo la directa. El texto LOE ha favorecido y favorece la intrusión
profesional (exigencia de mayor titulación pero contrato más económico por una
menor) y/o la falta de calidad educativa
(insuficiente formación) en unas edades cruciales para el desarrollo. Pedimos una
disposición transitoria alusiva con plazos de implantación y un proceso de
habilitación para que profesionales que ejercen en la actualidad puedan
realizarlo.
·
Modificar
el posible aumento de ratios en un 10% que fue introducido por la LOE en el
Art. 87.2 para alumnado de última incorporación, que ahora aumenta la
casuística y que mantiene el problema. Pedimos que, para empezar a bajar desde
ya las excesivas ratios soportadas, se transforme el concepto aumento en
reserva durante el periodo de matrícula dentro de la ratio ya
establecida. Reserva que iría completándose a lo largo del curso escolar y que,
en ningún caso, sobrepasaría la autorizada.
·
Recuperar
en la Ley fijar las ratios máximas, como hizo la LOGSE en nombre de la calidad
de la educación en su D.A 3ª, pero no solo en Primaria (25) y Secundaria (30),
también en Infantil. Se trata de reducirla en esta etapa en una proporción
justa con lo anterior, proporción que está ya establecida por Red Europea de
Atención a la Infancia en 4 bebés por persona adulta, 6 criaturas de 1-2 años,
8 de 2 a 3 años y 15 de 3 a 6 años. Hicimos una propuesta de reducción
inmediata para el curso escolar 2020-21, que iría ajustándose hasta lograr la
recomendación europea. Para no disminuir la actual oferta de puestos escolares,
en tanto se van creando más centros de educación infantil, planteamos
introducir la pareja educativa con lo que, además de otras razones positivas,
las actuales ratios disminuirían a la mitad.
·
Modificar
la posibilidad de ofrecer troceado el primer ciclo en centros concertados y
públicos (Art. 15.4 en vigor), dando prioridad, en la extensión de la oferta, a
la etapa completa y, en su caso, al primer o segundo ciclo, pero integrales, sin
particiones. Todo ello teniendo en cuenta que, este troceado, además de herir
de muerte la integralidad necesaria de este primer ciclo, no se está
produciendo en espacios acondicionados para las criaturas (CEIP y Colegios),
como tampoco lo están para las de tres años en el segundo ciclo. Se está
generando, además: clases de dos años gratuitas y con ratio inferior en
colegios frente a los requisitos en Escuelas infantiles, el lugar mejor
adaptado para las criaturas, pero gratis y con pareja educativa.
·
Continuamos
el desarrollo del derecho a la equidad referida a quienes más precisan de la importantísima
compensación que representa la Educación infantil, pidiendo la definición de
becas y ayudas para cuotas, comedor, extraescolares, y complementarias que
puedan llegar al 100% en los casos justificados que concurran en los centros
públicos. Becas y ayudas que, en tanto se completa la oferta pública, también pedimos
para los centros conveniados y concertados que se encuentren en espacios con
insuficiente oferta de titularidad y gestión públicas.
·
Introducir
disposiciones adicionales y transitorias que garanticen y amplíen la inclusión
educativa, cuya profundización se manifiesta en la actual ley al fijar que las
administraciones han de asegurar los recursos para niños y niñas con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Art. 71.2 y siguientes). Pedimos
que se contemplen con carácter inmediato recursos concretos a nivel estatal y la
unificación en los centros educativos de los distintos servicios que
proporcionan ayudas y apoyos a estas criaturas (con derechos especiales como
define la Convención del 89 en la Observación General nº de 2006); el actual
peregrinaje de las familias entre unas y otras administraciones supone un
retardo gravísimo para intervenir en un tiempo donde, la pérdida de días y
meses, supone años en el futuro del desarrollo infantil. Todo ello empezando
por la evaluación personal o familiar cuando es precisa, el diagnóstico si
procede y el apoyo o tratamiento consecuente. Esto requiere que los Equipos de
Atención Temprana se amplíen en personal, recursos y funciones, para que puedan
ofrecer y centralizar toda la ayuda requerida por la etapa completa,
independientemente del ciclo de referencia.
·
Trasladamos
también la propuesta de empoderar a las familias creando, desde
administraciones educativas y con carácter gratuito, espacios familiares para
contrastar, debatir y verse apoyadas en la crianza. Y ello en respuesta a las
Observaciones generales y al Comité de los derechos del niño mencionados; el
Estado, según estos documentos internacionales suscritos, ha de apoyar a las
familias con instituciones educativas de calidad, pero también y primero para
que puedan educar a sus hijos e hijas en las mejores condiciones en su medio
familiar.
·
En
relación con este último punto, hay una implicación fundamental: la de crear Mesas
de Infancia donde administraciones públicas laborales y de servicios
sanitarios, sociales y educativos trabajen cooperativamente y al unísono para
responder al conjunto de los derechos de la Infancia, sin menoscabar ninguno
para poder ofrecer una Educación Infantil de la calidad, calidez y dignidad a
la que tiene derecho nuestras criaturas.
Tras la referida exposición, los representantes ministeriales identificados más arriba, fueron contestando y se generó un rico
debate. Así, nos informaron de que la Ley pasará para su aprobación al Consejo
de Ministros previsto para esta semana; un paso previo a su envío al Congreso
para ser debatida y para que los partidos políticos puedan realizar las
alegaciones que lleven al posible consenso de un texto definitivo. Informamos también
en la reunión que nuestras demandas se hayan recogidas en el Documento de Bases por una Nueva Ley Educativa, de Redes por una Nueva Política Educativa donde también nos encontramos como Plataforma Estatal. Igualmente informamos de que estamos ultimando una propuesta de Real Decreto de Requisitos
mínimos de centros que les haremos llegar.
En este punto vamos a luchar por que los partidos
políticos, incluidos los del gobierno, nos escuchen e incorporen nuestras alegaciones
para ampliar lo posible y reforzar los puntos logrados, para que no queden
heridos y con mal pronóstico de desarrollo debido a disonancias entre artículos
de la misma propuesta de Ley.
Aquí dejamos también el enlace al Fb de la Plataforma Estatal
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