Sabemos que el proceso no va a ser fácil. Hay incluso quien dice que un “pacto educativo de todos” es prácticamente imposible si lo negocian solo los partidos políticos aunque sea en el ámbito parlamentario. Y dan razones de peso. Por un lado, la experiencia de los intentos anteriores para este mismo fin demuestra que la intransigencia de sectores conservadores, religiosos y privados impidieron alcanzar a un acuerdo.
Por otro, la existencia de dudas más que razonables: ¿Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación?, ¿con los que replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes?, ¿con los que reducen el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la privada-concertada?, ¿con los que han dejado la participación de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?”
Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc.
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Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo”, elaborado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Las líneas básicas no pueden ser otras que concebir la educación como un derecho público y un bien común. Debe asegurarse una escuela pública de todos y para todos, con una financiación del 7% del PIB, porque la educación tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.
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