Queremos poner el énfasis en el derecho de los niños y las niñas con necesidad de tener la alimentación diaria de, al menos, una comida sana y demandamos que esta les sea proporcionada por las Administraciones.
Este derecho, que no se había respetado en Madrid, parece que revierte hoy al sustituirse la comida rápida que nuestras criaturas llevan dos meses recibiendo por la que proporcionarán 13 empresas en 164 puntos de la Comunidad.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales del Gobierno central, que había negado ayuda a la propuesta de comida rápida actual y había requerido su sustitución al gobierno de Madrid, va a financiar ahora con más de un millón de euros esta nueva realidad.
Pero vemos que el anuncio lo es solo para 8000 escolares por lo que, sobre los iniciales receptores de este servicio, unos 11.500 (pincha aquí), no quedarán cubiertos un importante número de quienes tenían derecho a ello desde el comienzo. Pero pedimos que, además, se haga un estudio de las nuevas familias que en este tiempo de confinamiento han entrado en esta necesidad, para que se les proporcione con carácter inmediato.
Nos resulta curioso que Viena Capellanes, una de las tres empresas de comida rápida que junto a Telepizza y Rodilla han estado proporcionando esa alimentación insana, se mantenga encargada de algunos barrios sumamente sensibles que, como la Cañada Real, se han dejado al margen de puntos próximos de distribución de la nueva alimentación.
Iremos haciendo el seguimiento y su denuncia si no llega a quienes lo necesitan
Contrasta informaciones y te harás una idea más objetiva del panorama. Aquí, aquí, aquí
Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Exigimos políticas de Primera Infancia, sociales y públicas, una etapa de educación infantil inclusiva, con identidad propia; reconocimiento de la ciudadanía de los niñ@s y que las administraciones y la sociedad civil garanticen estos derechos básicos
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