La Plataforma de Madrid por la Defensa del 0-6 viene exigiendo Políticas de Primera Infancia respetuosas con las características y derechos de los menores de 6 años que obliguen a que los centros abiertos tengan unos requisitos mínimos que aseguren unas adecuadas condiciones en lo relativo a instalaciones y equipamientos, agrupamientos de alumnos, número de profesionales y titulaciones de los mismos, enseñanzas acordes al momento evolutivo, que permitan la atención educativa que se debe dar a estas criaturas teniendo en cuenta aspectos psicopedagógicos.
En este sentido nos alegramos de esta iniciativa, promovida por el Partido Socialista y apoyada por Izquierda Unida, que ha pedido en la Asamblea de Madrid un Decreto Específico que restituya la calidad de los requisitos que hasta ahora tenía la Red Pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Comunidad de Madrid, mostrando, por parte de los grupos de la oposición, el apoyo decidido a la Educación Infantil Pública de la Comunidad de Madrid.
El partido mayoritario en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular, ha rechazado masivamente dicha enmienda, el pasado día 20 de Noviembre. El voto en contra del PP está en consonancia con su habitual falta de visión política y de sensibilidad hacia los derechos de niños y niñas en nuestra comunidad, en la que la legislación vigente impone un retroceso respecto a la situación de hecho y derecho que antes se vivía en los centros en aspectos fundamentales como número de profesionales y titulación de los mismos, número de alumnos/as por grupo, espacios interiores y exteriores, participación del Consejo Escolar en la elección de director/a, gratuidad y financiación, etc.
Una iniciativa que debe extenderse a toda la etapa y al ámbito estatal
La Plataforma Estatal por la Defensa del 0-6, de la que forma parte la Plataforma de Madrid, considera que es el momento de apostar decididamente por la Primera Infancia y de sumarse a la petición planteada en Madrid, mejorándola al universalizarla. Llama a todos los grupos parlamentarios de Madrid y del Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación a propiciar un cambio urgente en la primera Etapa del sistema educativo. Es una gran oportunidad todavía viable, habida cuenta de que el Real Decreto 1004/1991, hoy en vigor, deberá ser sustituido por una legislación en este sentido que desarrolle la actual LOE.
Si PSOE e IU ven la conveniencia de rebajar estas ratios en una Escuela Infantil, la razón dicta que deben ser solicitadas igualmente para un colegio; el problema es el número de niños, no el tipo de centro en el que se encuentren. Así pues, en la Comunidad de Madrid, la situación creada en el Primer Ciclo de Educación Infantil tras el Decreto 18/2008 es insostenible, pero la propuesta para el Segundo Ciclo, derivada del Real Decreto 1004/1991, que afecta a todo el Estado es igualmente imposible de asumir.
Se ha perdido una gran oportunidad con el Plan Educa 3, fruto de un acuerdo entre PSOE e IU, para financiar el aumento de puestos escolares en el primer ciclo de Educación Infantil, que hubiera podido condicionar el reparto de los fondos a unas exigencias mínimas en relación a espacios interiores y exteriores, al número de niños y niñas para cada grupo de edad y al número de profesionales.
La actual desigualdad en las condiciones mínimas exigidas a los centros se debe a la dejación de funciones del Gobierno de la Nación. Es imprescindible que el Estado, representado por el Ministerio de Educación asuma, finalmente, su responsabilidad de fijar unos requisitos mínimos generales para ambos ciclos en Educación Infantil, tal y como se ha hecho para el resto de etapas y niveles del Sistema Educativo, de modo que no se produzcan más las sangrantes diferencias actuales entre territorios autonómicos, entre centros de la administración educativa y de otras administraciones públicas y sin distinciones que se justifiquen por el tipo de centro y/o titularidad del mismo, en que se imparta.
Unos requisitos mínimos de centros y de enseñanzas que fijen los necesarios para el Primer Ciclo y que revisen los planteamientos contemplados en la actualidad para el Segundo de Educación Infantil; es decir, que restituya, efectivamente, la Unidad de la Primera Etapa del Sistema Educativo Español, que impida la actual situación de ruptura de ambos ciclos, y que devuelva los derechos alcanzados en el año 1990, mejorando así, casi veinte años después, algunas de las condiciones.
Una ratio que permita una relación educativa niño/a-profesional
El R.D. 1004/1991 estableció, en todo el Estado, requisitos comunes en relación a los espacios, titulaciones profesionales y ratios. Las ratios que contemplaba para 0-3 deben mejorarse y un ejemplo para llevarlo a cabo son las establecidas en el Decreto 60/2000 para la Comunidad de Madrid.
En el segundo ciclo se contemplan 25 niños y niñas, el mismo número que en Primaria fijaba la LOGSE, pero el sentido común determina que no es lo mismo la edad de tres años y sus necesidades que las de 8 o 10 años, por ejemplo; tantas criaturas de edades tempranas, 25 con un/a profesional por aula, constituye un número excesivo que impide una intervención psicopedagógica adecuada, especialmente si se tiene en cuenta que, en el primer nivel del segundo ciclo, los niños y niñas llegan en septiembre sin haber cumplido en muchos casos los tres años.
Por otro lado, cada vez es más frecuente encontrar aulas con 27 o 28 criaturas de 3, 4 o 5 años en los colegios, ya que la LOE autoriza el aumento general de la ratio en un 10%, para absorber la escolarización tardía, excusa que se utiliza para legalizar aumentos del número de alumnos y alumnas sobre los que ya eran demasiados, 25 por aula. El problema se agrava cuando en el grupo hay niñas y niños de necesidades educativas especiales.
La Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, manifiesta que las ratios en cero a seis años, deben ir en orden creciente en toda la etapa, de tal forma que cuanto menores son los niños y niñas más bajo debe ser su número en las aulas, siendo conveniente la presencia de dos profesionales por grupo. Para orientar la reformulación del número de profesionales deberían contemplarse las recomendaciones del Consejo de Europa en ambos sentidos. En todo caso, siempre habría de disminuirse el número de alumnos/as cuando se integren en ellas, niños y niñas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
SOLICITAMOS que se establezca una normativa común para la etapa única y específica que representa la Educación Infantil. Esta normativa no puede ser otra que unos Reales Decretos en los que se certifique la unidad de la etapa, y ha de estar referida tanto a los Requisitos mínimos de los centros como a las Enseñanzas. Este primer paso significaría respetar los derechos de todos los niños y niñas de estas edades y debería completarse con el desarrollo de Decretos específicos en cada una de las Comunidades Autónomas, tal como han propuesto los grupos políticos de la oposición en la Comunidad de Madrid.
En Madrid a 22 de noviembre de 2008.
Plataforma de Madrid por la Defensa del 0-6
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