En defensa de la Escuela Pública y del equipo de profesionales que ha atendido a sus criaturas estos padres y madres han decidido luchar por no perder la calidad de la educación que sus hijos e hijas han venido teniendo hasta ahora. Para saber más pincha aquí.
El centro tiene toda una historia reivindicativa que se activó con la posibilidad de perder la Escuela a favor de una empresa que podía presentar precios a la baja a costa de todo aquello que es imprescindible en educación: calidad educativa y su relación con los servicios prestados, los sueldos de sus profesionales y la consiguiente estabilidad de sus plantillas.
Es responsable de este descalabro la Consejería de Educación de la comunidad de Madrid y los nuevos pliegos de contratación que, sin dar importancia al Proyecto Educativo y haciendo caso omiso de la calidad de quienes venían regentando estas escuelas de gestión indirecta, han optado por adjudicarlas a empresas sin escrúpulos que no dudan en rebajar los precios para obtenerlas.
También se ha perdido en esta Comunidad de Madrid la Escuela Marta Mata de Getafe junto a otras 25 y, ahora, está en peligro la Casita de Niños de Lozoyuela
Desde aquí apoyamos esta acción de las familias que consideramos fundamental pues son un pilar esencial en cada Comunidad Educativa, quizá más eficaz frente a la Consejería que los propios profesionales puesto que, en su mentalidad economicista, son considerados clientes.
Como afirma un titular del grupo de FB "Maestros interinos", "Si luchas puedes perder pero si no luchas estás perdido".
Hay oportunidades excelentes para ello el día 5 y el 15 de mayo
Todas las criaturas, desde el nacimiento, tienen derecho a una educación respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; ser protagonistas de su desarrollo en una relación armónica con sus iguales y con el patrimonio común de la humanidad. Exigimos políticas de Primera Infancia, sociales y públicas, una etapa de educación infantil inclusiva, con identidad propia; reconocimiento de la ciudadanía de los niñ@s y que las administraciones y la sociedad civil garanticen estos derechos básicos
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